Por Osvaldo Fernández, Académico UV
En el recién pasado tres de octubre la Universidad de Valparaíso, constituida en comunidad triestamental, culminó un largo proceso de discusión destinado a elaborar nuevas normas orgánicas, que la limpien del verdadero lastre que, como herencia, ha dejado la dictadura en las universidades chilenas. De la totalidad que compone este proceso se realizó ya una primera etapa, que consistía en un referéndum destinado a sancionar cuál de los proyectos presentados constituirá finalmente el cuerpo legal de los nuevos Estatutos Orgánicos de la Universidad.
Este proceso había comenzado con la crisis que sacudió a la Universidad de Valparaíso en el año 2007, cuando un movimiento estudiantil seguido por profesores y funcionarios de la Universidad de Valparaíso decide pedir la renuncia al rector Riquelme, por la responsabilidad que él tenía en la anormalidad en que había caído la gestión de nuestra Universidad y por la grave crisis que afectaba al plantel. Ese fue el detonante; pero detrás de las vicisitudes históricas contingentes, lo que este movimiento reclamaba y se proponía era retornar a las normas democráticas que regían la enseñanza superior en Chile antes de la Dictadura. Lo que se traducía para la gestión de la Universidad en una mayor participación de la comunidad en sus decisiones y en que el eje del poder, hasta entonces diseñado como un eje vertical, de arriba hacia abajo, restableciera un correcto equilibrio entre autoridades unipersonales y el conjunto de la comunidad organizada en estructuras colegiadas.
La fórmula que se encontró para ello y cuya práctica ha existido desde entonces, y que en mayor o menor medida ha estado normando la política universitariaE fue la triestamentalidad, es decir, la instalación de cuerpos colegiados integrados por profesores, estudiantes y administrativos, en todos los niveles de gestión universitaria, desde el Consejo académico, organismo máximo, hasta aquellas instancias que rigen las políticas de los institutos. Ellos deberían ser cuerpos colegiados y representativos que aseguraran una participación amplia de la comunidad de la Universidad en las políticas y directrices que la conducen.
Fue desde este mismo Consejo Académico, presidido por el Rector Aldo Valle, que se dio partida al proceso de discusión y elaboración de los nuevos Estatutos, designando a una comisión central, formada de manera triestamental, es decir, con representantes de los estudiantes, académicos y funcionarios, para que organizara la discusión acerca de los nuevos estatutos. Cuatro años duró este proceso, porque se quiso que el debate fuera universal y en él participara de manera activa toda la comunidad. Pues detrás del debate acerca de la nueva ley que queríamos darnos, estaba el propósito de elaborar una nueva concepción de la universidad en Chile. Una universidad que fuera a la vez: democrática, estatal y pública, superando las trabas que la dictadura había instalado desde que inició el desmantelamiento de la Universidad de Chile y la liquidación del carácter público que nuestras instituciones de enseñanza superior tenían.
Consideramos que el verdadero triunfo está en que el proceso se haya llevado a cabo. Él fue la expresión de una voluntad colectiva que durante todo este tiempo estuvo atenta y pendiente de que el proceso se realizara. Es por eso que valoramos la culminación de esta primera etapa en donde la que resulta gananciosa es la práctica triestamental de la Universidad de Valparaíso, que ha logrado finalmente consolidarse como una práctica duradera en nuestra Universidad.
Desde ya, los tres proyectos que se habían presentado contenían en su seno la forma triestamental como el eje principal de las normas que los distintos proyectos se proponían. Los tres significaban dejar atrás como obsoletas aquellas normas que la dictadura había impuesto a la organización y dirección de la Universidades. En este sentido las tres significaban un avance en lo que a práctica democrática se refiere. Hubo consenso, por ejemplo en los porcentajes de la participación de cada estamento, lo que en general siguió la práctica instalada en el Consejo Académico.
En lo que respecta al mismo proceso electoral, éste se desarrolló normalmente, con una entusiasta participación de los diferentes estamentos, cuyos porcentajes fueron los siguientes: académicos, el 61,96%; funcionarios, el 86, 17%; estudiantes, el 39,8%. Escrutados y ponderados los votos válidamente emitidos, el resultado fue el siguiente:
| Académicos | Funcionarios | Estudiantes | Total | |
| Proyecto A | 9,0% | 0,1% | 0,7% | 9,8% |
| Proyecto B | 23,2% | 2,5% | 18,9% | 44,5% |
| Proyecto C | 34,4% | 8,5% | 2,6% | 45,6% |
Viene ahora una segunda vuelta que decidirá entre las dos propuestas que quedaron, el proyecto B que emanó de la Asociación de académicos y la Federación de Estudiantes y la propuesta C, que emanó de la elaboración que realizó la Comisión triestamental en donde también participó activamente la Federación de Estudiantes y la agrupación de funcionarios y académicos. Ambas son las más avanzadas en lo que se refiere al proceso de democratización. Difieren, sin embargo, en la manera como ambos proyectos enfrentan los obstáculos que la actual Constitución chilena levanta como una barrera que impide, a la postre, tanto la democratización de la Universidad como el que éstas se conviertan en verdaderas instituciones públicas. Esperamos que la Universidad pueda sortear estos últimos obstáculos que la traban en su desempeño y finalmente logre darse los Estatutos Orgánicos que se ha propuesto.
